El informe contendrá, de manera detallada, los aspectos relacionados en el anexo II, en relación con el análisis del estado de conservación del edificio, la determinación de si el edificio es susceptible o no de incorporar ajustes razonables en materia de accesibilidad y la certificación de la eficiencia energética.

Cuando, en el municipio o en la Comunidad Autónoma en que se sitúa el edificio objeto de este informe, exista normativa que desarrolle un modelo propio de Inspección Técnica de Edificios, o instrumento análogo, que incluya todos los aspectos que forman

parte del anexo II, se admitirá dicho modelo en sustitución de éste, siempre que esté suscrito por técnico competente, se haya cumplimentado y tramitado de acuerdo con lo establecido en la normativa que le sea de aplicación y esté actualizado de conformidad con la misma. En los casos en que la información que aporten sólo responda parcialmente al anexo II, se incorporará directamente y se cumplimentará el resto

BENEFICIARIOS.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las comunidades de vecinos, agrupaciones de comunidades o propietarios únicos de edificios de carácter predominantemente residencial, que cuenten con el informe de evaluación a que se refiere el artículo anterior antes de que finalice el año 2016.

GESTION Y CUANTIA DE LAS AYUDAS.

1. El Ministerio de Fomento transferirá a la Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta o Melilla el importe de la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley General Presupuestaria, y tal y como se especifique en los convenios de colaboración.

2. Las ayudas consistirán en una subvención, equivalente a una cantidad máxima de 20 euros por cada una de las viviendas de las que conste el edificio, y una cantidad máxima de 20 euros por cada 100 m2 de superficie útil de local, sin que en ningún caso pueda superarse la cantidad de 500 euros, ni el 50% del coste del informe por edificio.

CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS AYUDAS.

Para la obtención de la ayuda, será preciso presentar el Informe de Evaluación del Edificio, con los contenidos que figuran en el anexo II de este real decreto, debidamente

cumplimentado y suscrito por técnico competente. Deberá aportarse también la correspondiente factura de honorarios, original o copia, emitida por el profesional o los profesionales que hubieren realizado el informe.

Esta ley protege a las Comunidades de Propietarios frente a cláusulas abusivas en los contratos de mantenimiento de cualquiera de sus instalaciones.

Lo más aconsejable es que el Gestor o Administrador elabore un contrato con las condiciones exigibles por la normativa vigente en cada momento y con la duración condiciones particulares y específicas que requiera cada.

Nunca firme las ofertas o contratos aportados por los industriales seleccionados para el mantenimiento de cada instalación sin que se los haya revisado un profesional.

La prohibición de fumar no se restringe sólo a los espacios públicos cerrados (Ascensores).

En el apartado ‘x’ del artículo 7, que es el que establece dónde está prohibido fumar, después de enumerar todas las posibilidades (bares, restaurantes, espacios educativos, sanitarios, paradas de autobús, estaciones, aeropuertos… etcétera), se añade que la restricción es de aplicación "en todos los demás espacios cerrados de uso público o colectivo".

Un Documento Interno del Ministerio de Sanidad que explica la nueva normativa, refleja en el apartado 4.2.2 del punto 4 dedicado a ‘Preguntas más frecuentes’ los espacios privados en los que no se puede fumar:

‘4.2.2. Espacios privados

• En las zona de juegos de las comunidades de vecinos sólo se permite fumar en los espacios al aire libre y que no estén acotadas como zonas infantiles.

• En las zonas comunes de las comunidades de vecinos sólo se permite fumar en los espacios al aire libre y que no estén acotadas como zonas infantiles.

• En áreas de piscinas de comunidades de vecinos y de los clubs sociales sólo se permite fumar en los espacios al aire libre y que no estén acotadas como zonas infantiles.

• En los pasillos, escaleras y portales de comunidades de vecinos está prohibido fumar en todos los espacios cerrados de uso colectivo.’

BOR NUM. 52 (Miércoles 24 de abril de 2013)

La clara y radical distinción que normalmente se establece en los Planes, entre espacios privados y públicos, permite aplicar, en la mayoría de los supuestos, las obligaciones convencionales que la legislación del suelo impone a los propietarios: Cesión de los terrenos afectados por un uso y dominio públicos, costeamiento por su parte de la urbanización, recepción por el Ayuntamiento y conservación y mantenimiento municipal del espacio, ya público, recibido.

Sin embargo, en soportales, pasajes y algunos espacios libres la situación no presenta tal claridad, por tratarse de terrenos privados que están sometidos a una especie de servidumbre de paso público, siendo necesario regular adecuadamente su recepción, uso, conservación y mantenimiento.

Un aspecto que interesa aclarar se refiere a la conveniencia de que exista esta clase de espacios. Los inconvenientes están relacionados fundamentalmente con la dificultad de su mantenimiento: Limpieza, alumbrado, posibles filtraciones, así como por el incremento que suponen en la superficie viaria a mantener y conservar. Este último inconveniente, visto desde otro ángulo, es precisamente una ventaja, dada la escasez de espacios peatonales en la ciudad. Otra ventaja es que dado el rigor del clima extremado de Logroño, los soportales y pasajes permiten un tránsito cómodo y a resguardo de las inclemencias del tiempo. A veces también, los pasajes sirven para acortar recorridos o para enlazar circulaciones peatonales. Finalmente, el recurso de un soportal suele ser utilizado como medio de establecer un orden superior en un conjunto de edificaciones heterogéneas. La imposición del uso público a ciertos espacios calificados como privados permite compaginar la utilización del subsuelo para aparcamientos con la utilización pública como espacio libre en la superficie.

En el supuesto de aceptar el mayor peso de las ventajas de esta clase de espacios frente a los inconvenientes que presentan, el Ayuntamiento debe tolerar su existencia, fomentarla e incluso imponerla. La imposición viene dada por vía de planeamiento y el fomento tendrá que ver con las condiciones que se establezcan para su recepción y conservación.

A los pasajes y soportales que, libremente, puedan crearse por los particulares con un interés exclusivamente comercial y que no aporten nada en cuanto a recorridos peatonales, no corresponderían medidas de fomento.

1.- Clasificación.

Los soportales, pasajes y espacios libres de titularidad privada pero con uso público en superficie se clasifican en los siguientes grupos y subgrupos:

A. Espacios de interés público, por estar en uno de los siguientes casos:

A.1. Estar impuestos por el planeamiento.

A.2. Los que obtengan tal calificación.

B. Sin interés público.

2.- Obtención de la calificación de interés público.

El Ayuntamiento podrá calificarse de interés público los soportales, pasajes y espacios libres de titularidad privada que no estando impuestos por el planeamiento, tengan utilidad para el tránsito público. A tal efecto, y a solicitud de los interesados, el Ayuntamiento apreciará la mejora que el soportal, pasaje o espacio libre suponga para la red de itinerarios peatonales, la continuidad y comodidad de los mismos, la reducción de los recorridos, el acceso a las dotaciones y equipamientos, así como otras circunstancias relacionadas con los cometidos básicos antes enumerados.

3 Prescripciones.

3.1.- Comunes a todos los casos en los que haya tránsito público (Supuestos clasificados A y B)

- Las relativas a las dimensiones de los soportales y pasajes, comunes a todos ellos, son las contenidas en Normativa del Plan General, tanto en plano de Ordenación del Suelo Urbano como en los artículos 2.3.4 y 3.2.6.

- Las obras de acondicionamiento o urbanización a realizar en esta clase de espacios recaerá sobre los promotores de los inmuebles, como una obligación más a ejecutar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de Gestión.

- La pavimentación será de características similares o superiores a la de las aceras de la calle, manzana o sector, debiéndose adoptar las medidas estructurales y constructivas necesarias para soportar el uso público sin que se produzcan daños, filtraciones, vibraciones en los inmuebles y pérdidas caloríficas en la planta de piso inmediatamente superior.

- Las condiciones de iluminación serán similares a las del alumbrado público.

- Cuando existan varios inmuebles en un mismo soportal o pasaje se adoptará un mismo tratamiento para todos ellos.

3.2.- Específicas para los espacios de interés público (Supuesto clasificado A)

- Deben cumplirse las condiciones de itinerario peatonal accesible, según Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero.

- En el diseño de la pavimentación y, en general, el tratamiento de los elementos comunes y mobiliario urbano se seguirán los criterios de los técnicos municipales para garantizar la armonía con el tratamiento del resto del espacio público y la facilidad de mantenimiento con los medios del Ayuntamiento.

- El techo estará aislado para impedir las pérdidas caloríficas del piso situado inmediatamente encima, debiéndose tratar con pinturas claras que permitan una fácil limpieza y reposición.

- La instalación eléctrica deberá cumplir con las prescripciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, tanto en los casos de nueva ejecución, como para las adecuaciones de los existentes. La disposición de la red de alumbrado se realizará con características idénticas a las del resto de alumbrado exterior público municipal, y la conexión a la red se realizará de tal manera que permita en todo momento la misma regulación de circuitos establecido para el resto del alumbrado y con las siguientes características:

1. La instalación deberá disponerse de forma que resulten accesibles todos sus elementos, canalizaciones o luminarias con medios manuales o, en caso contrario, se garantice el soporte de medios autopropulsados.

2. La canalización para la derivación de alimentación a los puntos de luz partirá de la red principal de alumbrado exterior público desde una arqueta que contará con marco y tapa de dimensiones 620mm x 620mm y una altura mínima de 80mm de altura y características C-250.

La canalización se realizará con dos tubos corrugados de diámetro 110, cumpliendo con las prescripciones establecidas en las Normas Técnicas Municipales para instalaciones de Alumbrado Público. Ésta canalización de derivación a los puntos de luz, contará con dos arquetas, dispuestas de tal manera que exista una en el inicio y otra en el final lo más cerca posible de la base del pilar en el caso de soportales, y al inicio y al final en el caso de pasajes. Las características del marco y tapa de arqueta serán C-250 según EN-124 y de dimensiones 40x40x8cm, sirviendo ésta únicamente como paso de canalización.

En el caso de soportales, la derivación para la alimentación al punto de luz, se realizará empotrada en el pilar con dos tubos corrugados de diámetro 63 hasta una caja de derivación, que se encontrará situada a la altura de los puntos de luz. La canalización de subida desde arqueta de derivación en la base del pilar hasta la caja de derivación dispuesta en la parte superior, solo podrá ser vista excepcionalmente, realizándose ésta con tubo de protección metálico con autorización expresa de la Sección responsable del Mantenimiento de las instalaciones de Alumbrado. Su disposición permitirá la unión de estas instalaciones con las del resto del alumbrado exterior público, por ambos extremos, es decir al inicio de los soportales o pasajes y al final.

La canalización en los soportales o pasajes, deberán ser de sección rectangular, utilizando tramos rectos y con cajas de registro en los cambios de dirección y derivaciones a las luminarias (una por cada punto de luz). Se colocaran directamente sobre paredes y techos, sin que se admitan empotramientos. Las dimensiones mínimas de la canaleta de sección rectangular a utilizar serán de 100×50 y colocando una caja de derivación a cada punto de luz y en cada cambio de dirección. Cualquier otro sistema de instalación requerirá la aprobación por escrito de la Sección responsable de mantenimiento del Alumbrado Exterior Público.

3. Los conductores serán de cobre, con aislamiento tipo RV 0,6/1 KV. Su sección mínima será de 4×6 mm2,en doble circuito, y la correspondiente línea de tierra de sección 1x16mm2, unida con la red general de tierra de la instalación por ambos extremos. La línea de alimentación a los puntos de luz, deberá ejecutarse teniendo presente que la conexión con la red principal de alumbrado exterior público puede ser realizada por cualquiera de sus extremos. Tanto las conexiones de la red de tierra, como las de las líneas de alimentación a los puntos de luz, se realizarán según prescripciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en la arqueta que forma parte de la red principal del alumbrado exterior público.

4. Las lámparas y luminarias deberán ser del tipo normalizado para cada zona por el Ayuntamiento o aprobadas en su caso, y estarán sujetas mediante anclajes adosados a las paredes y nunca directamente a ellas. Al igual que el resto de luminarias, cada una llevará un cofre de protección en caja de derivación, dispuesta a tal efecto en un lugar próximo a la luminaria.

5. Todas las partes metálicas, irán conectadas a un circuito de toma de tierra, el cual estará compuesto por un cable de sección 1x16mm2, identificado con los colores amarillo-verde y conectado a dos picas cuando menos, una a cada extremo de la instalación.

- Los niveles de iluminación en aplicación de las normativas vigentes, deberá contar con los mismos niveles que las calles que confluyan en el mismo. En el caso que el alumbrado, debido a las características especiales del pasaje, necesite una ampliación del horario de encendido en régimen permanente, se deberá ejecutar con un circuito independiente, añadiendo un contactor y las protecciones necesarias en cuadro de mando y protección de la instalación para su gestión de forma independiente.

Los soportales deben ser considerados como zonas peatonales con flujo de peatones alto, con una clase de alumbrado CE2, es decir contar con un nivel de iluminación de 20 luxes de iluminancia media y una uniformidad media superior o igual al 40%. Sirve ésta situación tanto para sí éstos corresponden con paso de vehículos y mixtos, como si éstas cuentan con escaleras o escalones a lo largo de su recorrido. Estos niveles podrán ser variados en un ± 20% en virtud de las necesidades, y siempre con aprobación por escrito de la justificación que ha generado los nuevos niveles.

En el caso de formar parte y obtenerse datos en el diseño de la urbanización, los cálculos luminotécnicos deberán formar parte del mismo. Si por el contrario el resto de urbanización ya se encuentra ejecutada y en funcionamiento, se permitirá la presentación de la documentación de forma independiente al de la urbanización de la misma en cuanto a su legalización con respecto al Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior, pero como ampliación de la instalación de alumbrado exterior público existente. Es decir solo deberá certificarse energéticamente la parte correspondiente a la instalación de los soportales.

4.- Procedimiento.

- Cuando se trate de una obra de nueva planta, el tratamiento del pasaje, soportal o espacio libre se incluirá en el Proyecto de construcción o se presentará en una separata o proyecto independiente del mismo.

- Cuando se trate de un caso existente, y se pretenda su recepción municipal por haber sido considerado espacio de interés público, se presentará un proyecto que tendrá un carácter descriptivo cuando el tratamiento se ajuste a las prescripciones del apartado anterior y un carácter de proyecto de reforma cuando no se ajusten a las mismas.

En los supuestos A.2 y B se presentará un documento por el que el promotor del inmueble, la comunidad de vecinos o el propietario del mismo, exonera al Ayuntamiento de responsabilidad respecto de cualquier perjuicio que el uso público pueda causar al inmueble. Dicho documento será objeto de inscripción registral con el fin de que sea de notorio conocimiento y de obligada eficacia con respecto a los sucesivos propietarios.

- Una vez concedida la licencia, ejecutadas las obras y realizada la tramitación de enganche se procederá al examen y recepción por el Ayuntamiento de los espacios clasificados previamente como de interés público.

5. Mantenimiento.

Una vez recibido el espacio de interés público, el Ayuntamiento de Logroño asumirá las siguientes tareas:

- La limpieza urbana, incluso el vaciado y la recogida de papeleras.

- La conservación del alumbrado, que implica sufragar el coste del suministro eléctrico, la reposición de lámparas y luminarias.

- La conservación de techos y elementos de fachada comunes, tales como pilastras en soportales, que implica su limpieza, así como desinfección, lucha contra mohos, retirada de pegotes, graffitis, etc’. Como alternativa a la limpieza, el Ayuntamiento de Logroño podrá aplicar una capa de pintura cuando las condiciones lo requieran.

- La conservación de pavimentos, que implica su limpieza, baldeo, así como, al final de su vida útil, o por deterioro causado por el uso público, la sustitución de la baldosa, losa o pieza de acabado final (que es la que sufre el desgaste atribuible al uso público), no así los elementos que tengan que ver con el aislamiento, impermeabilización o acción sustentante del mismo, cuyo costo de reposición o reparación deberá ser sufragado por los propietarios del inmueble.

El punto seis del Artículo Tercero de la ‘Modificación del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributo’ modifica el apartado 1 del artículo 31 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, que queda redactado de la siguiente forma:

«1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de dicha ley, que desarrollen actividades empresariales o profesionales, deberán presentar una declaración anual relativa a sus operaciones con terceras personas.

A estos efectos, se considerarán actividades empresariales o profesionales todas las definidas como tales en el artículo 5.dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Asimismo, tendrán esta consideración las actividades realizadas por quienes sean calificados de empresarios o profesionales en el artículo 5.uno de dicha ley, con excepción de lo dispuesto en su párrafo e).

Las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de junio sobre la propiedad horizontal, así como, las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refiere el artículo 20.3 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, incluirán también en la declaración anual de operaciones con terceras personas las adquisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen de las actividades empresariales o profesionales, incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza.»

     En el Artículo 33 se detalla el contenido de la declaración anual de operaciones con terceras personas.

   En el punto 5 se expresa lo que sigue: “La obligación de declarar a que se refiere el artículo 31.1 de este Reglamento, respecto de las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, no incluirá las siguientes operaciones:

·     Las de suministro de energía eléctrica y combustibles de cualquier tipo con destino a su uso y consumo comunitario.

·         Las de suministro de agua con destino a su uso y consumo comunitario.

·         Las derivadas de seguros que tengan por objeto el aseguramiento de bienes y derechos relacionados con zonas y elementos comunes”

Real Decreto 828/2013 (Completo)

Estos dígitos se corresponden con la siguiente especificación:

1.      El código del país (ES), en el caso de España.

2.      Un dígito de control (formado por dos número).

Es lo que se ha bautizado con el nombre de SEPA, siglas que responden a Zona Única de Pago en Euros, “consecuencia lógica de haber introducido el euro”, según fuentes del Banco de España.

LAS OPERACIONES

Esta nueva manera de operar permitirá realizar transferencias o domiciliar facturasen cualquier banco de un país de la zona euro, pero también obligará a las empresas a saber manejar cuentas bancarias domiciliadas en el extranjero. Por ejemplo, que un alemán pueda pagar la factura de la luz, el agua o el teléfono de la casa en la que vive en España a través de una cuenta de su banco de Berlín, sin necesidad de abrir una nueva en una entidad española. Es decir, el nuevo código IBAN permitirá hacer operaciones en cualquier punto de la zona euro. Si no se dispone de este nuevo identificador europeo el ciudadano no podrá hacer transferencias o domiciliaciones ni dentro ni fuera de España. Es más, si una empresa no tiene el IBAN de sus trabajadores no podrá ingresar la nómina a partir de febrero del año que viene. En este sentido, fuentes del Banco de España advirtieron de que la empresa en cuestión es la que tiene la obligación de conseguir el IBAN de sus empleados por ser la que inicia la operación de pago.

LAS PYMES

La mayor preocupación del supervisor bancario está, no obstante, en las pymes, que deberán actualizar sus cuadernos bancarios si quieren cobrar facturas o poder pagar a sus trabajadores. En la misma situación están ayuntamientos, asociaciones de vecinos o pequeñas empresas que aún no han comenzado a migrar sus cuentas bancarias al nuevo sistema. Los datos que maneja el Banco de España revelan que sólo un 0,24% de las operaciones de adeudos que se realizan en el país usan ya el llamado IBAN. La previsión es que ese porcentaje alcance el 80% a finales de 2013. En cambio, en cuanto a las transacciones españolas, un 55% usa el modelo SEPA.

CÓMO OBTENER EL IBAN

Los clientes particulares de un banco pueden solicitarlo a la entidad de manera gratuita. Es más, en caso de que no lo tengan cuando entre en vigor en febrero, el Ministerio de Economía aprobó una medida transitoria que permitirá a los bancos ofrecer servicios de conversión gratuita de CCC a IBAN al ciudadano particular hasta 2016. No ocurrirá así en el caso de las empresas. Es decir, aquellas que no tengan actualizados sus cuadernos bancarios el 1 de febrero de 2014 no podrán conseguir los datos en el banco de manera gratuita, sino que deberán costearse un convertidor. Economía permitirá que subsistan determinados instrumentos de financiación de pymes dos años más hasta que se adapten de forma completa al nuevo sistema.

LOS REQUISITOS

El consumidor particular debe conocer su IBAN porque lo necesitará para cualquier operación bancaria. Las asociaciones y otras organizaciones también necesitarán el IBAN de sus asociados para tramitar operaciones bancarias. En cuanto a las empresas, el impacto del nuevo modelo dependerá del tamaño de la sociedad y también deberán usar el IBAN para cualquier operación bancaria.

A partir del 1 de febrero, el campo de referencia que viaja en el fichero que emite el banco no podrá superar los 140 caracteres. El Banco de España ha activado la web www.sepaesp.es para informar del nuevo sistema y facilitar un convertidor de la cuenta.

Real Decreto 233/2013 (Completo)

REQUISITOS

a) Estar finalizados antes de 1981

b) Que, al menos, el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso residencial de vivienda.

c) Que, al menos el 70% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios.

d) Excepcionalmente, se admitirán en este programa edificios que, sin cumplir las condiciones anteriores:

o   Presenten graves daños estructurales o de otro tipo, que justifiquen su inclusión en el Programa.

o   Tengan íntegramente como destino el alquiler, durante, al menos 10 años a contar desde la recepción de la ayuda. La fecha de la recepción de la ayuda se hará constar en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal extendida en el folio registral de cada una de las fincas que vaya a ser destinada al alquiler. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la devolución de las ayudas obtenidas, con sus correspondientes intereses legales. Esta nota registral podrá ser cancelada a instancia de cualquier titular de un derecho sobre la finca transcurridos 10 años desde su fecha, o mediante el documento que acredite la previa devolución de las ayudas percibidas.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

1.- CONSERVACION:

o   Las detectadas, con carácter desfavorable, por el «informe de evaluación del edificio» o informe de inspección técnica equivalente, relativas al estado de conservación de la cimentación, estructura e instalaciones.

o   Las detectadas, con carácter desfavorable, por el «informe de evaluación del edificio» o informe de inspección técnica equivalente, relativas al estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías u otros elementos comunes, cuando se realicen en edificios declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados o protegidos, o situados dentro de conjuntos histórico-artísticos, o cuando no concurriendo dichas circunstancias, se ejecuten simultáneamente con actuaciones para la mejora de la calidad y sostenibilidad que resulten subvencionables por este Programa.

o   Las que se realicen en las instalaciones comunes de electricidad, fontanería, gas, saneamiento, recogida y separación de residuos y telecomunicaciones, con el fin de adaptarlas a la normativa vigente.

2.- MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS.

o   La mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda energética de calefacción o refrigeración, mediante actuaciones de mejora de su aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos, u otras, incluyendo la instalación de dispositivos bioclimáticos. En todo caso, deberá cumplirse como mínimo lo establecido en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HE1

o   La instalación de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico, o el incremento de la eficiencia energética de los ya existentes, mediante actuaciones como: la sustitución de equipos de producción de calor o frío, la instalación de sistemas de control, regulación y gestión energética, contadores y repartidores de costes energéticos para instalaciones centralizadas de calefacción; el aislamiento térmico de las redes de distribución y transporte o la sustitución de los equipos de movimiento de los fluidos caloportadores; la instalación de dispositivos de recuperación de energías residuales; la implantación de sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación de calor del aire de renovación, entre otros.

o   La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías renovables como la energía solar, biomasa o geotermia que reduzcan el consumo de energía convencional térmica o eléctrica del edificio. Incluirá la instalación de cualquier tecnología, sistema, o equipo de energía renovable, como paneles solares térmicos, a fin de contribuir a la producción de agua caliente sanitaria demandada por las viviendas, o la producción de agua caliente para las instalaciones de climatización.

o   La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e iluminación, del edificio o de la parcela, mediante actuaciones como la sustitución de lámparas y luminarias por otras de mayor rendimiento energético, generalizando por ejemplo la iluminación LED, instalaciones de sistemas de control de encendido y regulación del nivel de iluminación y aprovechamiento de la luz natural.

o   La mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que favorezcan el ahorro de agua, así como la implantación de redes de saneamiento separativas en el edificio y de otros sistemas que favorezcan la reutilización de las aguas grises y pluviales en el propio edificio o en la parcela o que reduzcan el volumen de vertido al sistema público de alcantarillado.

o   La mejora o acondicionamiento de instalaciones para la adecuada recogida y separación de los residuos domésticos en el interior de los domicilios y en los espacios comunes de las edificaciones.

o   Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HR, protección contra el ruido.

o   El acondicionamiento de los espacios privativos de la parcela para mejorar la permeabilidad del suelo, adaptar la jardinería a especies de bajo consumo hídrico, optimizar los sistemas de riego y otras actuaciones bioclimáticas.

Para resultar subvencionables, el conjunto de actuaciones para el fomento de la calidad y sostenibilidad previsto debe contener, en todo caso, actuaciones de las incluidas en una o varias de las letras a), b) o c) anteriores, de forma que se consiga una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio, referida a la certificación energética, de al menos un 30% sobre la situación previa a dichas actuaciones. Para su justificación se podrá utilizar cualquiera de los programas informáticos reconocidos conjuntamente por los Ministerios de Fomento y de Industria, Energía y Turismo que se encuentran en el Registro General de documentos reconocidos para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

3.- AJUSTES RAZAONABLES EN MATERIA ACCESIBILIDAD.

Se considerarán actuaciones para realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad, las que adecuen los edificios y los accesos a las viviendas y locales, a la normativa vigente. En particular:

o   La instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad, incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial, así como su adaptación, una vez instalados, a la normativa sectorial correspondiente.

o   La instalación o dotación de productos de apoyo tales como grúas o artefactos análogos que permitan el acceso y uso por parte de las personas con discapacidad a elementos comunes del edificio, tales como jardines, zonas deportivas, piscinas y otros similares.

o   La instalación de elementos de información o de aviso tales como señales luminosas o sonoras que permitan la orientación en el uso de escaleras y ascensores.

o   La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas y el exterior, tales como videoporteros y análogos.

Todas los actuaciones subvencionables anteriores podrán incluir a los efectos de la determinación del coste total de las obras: los honorarios de los profesionales intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos generales similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. No se incluirán, impuestos, tasas o tributos.

CONDICIONES

a) El edificio cuente con el correspondiente «informe de evaluación» con el contenido que establece el anexo II, cumplimentado y suscrito por técnico competente. A tales efectos, si la Inspección Técnica de Edificios o instrumento de naturaleza análoga existente en el Municipio o Comunidad Autónoma, aportase la misma información que dicho informe requiere bastará con su presentación, siempre que esté actualizado. En caso de que la información aportada recoja parcialmente la señalada en el anexo II, se podrá incorporar directamente al informe, debiendo cumplimentarse el resto por un técnico competente.

b) Las actuaciones cuenten con el acuerdo de la Comunidad o Comunidades de Propietarios de que se trate, debidamente agrupadas, salvo en los casos de edificios de propietario único, y con la autorización administrativa correspondiente, cuando sea preceptiva.

c) Cuando se trate de actuaciones para realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad y/o mejorar la calidad y sostenibilidad del edificio o edificios que pretendan acogerse al programa, éstos sumen, como mínimo, 8 viviendas, o excepcionalmente menos, cuando en el inmueble vayan a acometerse simultáneamente obras de conservación o cuando habiten personas con discapacidad o mayores de 65 años.

d) Se aporte Proyecto de la actuación a realizar. Para el caso de que las actuaciones no exijan proyecto, se justifique en una memoria suscrita por técnico competente la adecuación de la actuación al Código Técnico de la Edificación hasta donde sea viable, urbanística, técnica o económicamente.

El coste subvencionable de la actuación, incluyendo los gastos mencionados en el apartado 4 del artículo 20, no podrá superar los costes medios de mercado que a tales actuaciones correspondan. A tal efecto en los convenios de colaboración se establecerán criterios y límites para la consideración de estos últimos.

Cuando se trate de actuaciones de conservación, tendrán preferencia las actuaciones en las que no más del 60 por 100 de los propietarios de viviendas del edificio estén integrados en unidades de convivencia cuyos ingresos no superen en 6,5 veces el IPREM.

BENEFICIARIOS

a) Podrán ser beneficiarios de las ayudas de este programa las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios, o los propietarios únicos de edificios de viviendas. En los edificios a que se refiere el artículo 19.2,b) podrán ser beneficiarios, también, las Administraciones Públicas y los organismos y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones propietarias de los inmuebles.

b) Los beneficiarios destinarán el importe íntegro de la ayuda, al pago de las correspondientes actuaciones. Cuando se trate de comunidades de propietarios y agrupaciones de comunidades de propietarios, esta regla resultará igualmente de aplicación con independencia de que, tanto el importe de la misma, como el coste de las obras, deba repercutirse en los propietarios de viviendas y locales, de conformidad con las reglas previstas en la legislación de Propiedad Horizontal.

c) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando alguno de los miembros de la comunidad de propietarios, o de la agrupación de comunidades de propietarios, incurra en una o varias de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no se atribuirá a dicho propietario la parte proporcional que le correspondería de la ayuda recibida, que se prorrateará entre los restantes miembros de la comunidad o agrupación.

d) Cuando el propietario de la vivienda y el arrendatario de la misma acuerden que este último costee a su cargo las actuaciones de rehabilitación que correspondan, a cambio del pago de la renta, el arrendatario podrá solicitar de la comunidad de propietarios o, en su caso, del propietario único, la adopción del correspondiente acuerdo que se requiere para solicitar estas ayudas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 b).

e) No podrán obtener la financiación correspondiente a este programa los beneficiarios de ayudas para rehabilitar edificios que ya lo sean de las ayudas del Programa de fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas, o del Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas regulados, respectivamente, por los capítulos VI y IX de este Real Decreto.

TIPO Y CUANTIA DE AYUDAS

a) La cuantía máxima de las ayudas se determinará en función del coste subvencionable de la actuación correspondiente al edificio o edificios, que comprenderá el coste total de las actuaciones subvencionables en las condiciones establecidas en el artículo 20. En caso de contener actuaciones de más de uno de los tipos indicados, el presupuesto deberá desglosarse de acuerdo a cada una de ellas.

b) La cuantía máxima de las subvenciones a conceder por edificio, que no podrá superar el importe de multiplicar 11.000 euros por cada vivienda y por cada 100 m2 de superficie útil de local (12.100 euros cuando se trate de edificios declarados bienes de interés cultural, catalogados o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente) se atendrá a las siguientes condiciones:

o   Se calculará multiplicando, por el número de viviendas y por cada 100 m2 de superficie útil de locales del edificio, que consten en la escritura de división horizontal, o, en su defecto, en el registro de la propiedad o en el catastro, las ayudas unitarias establecidas a continuación:

§  2.000 euros para las actuaciones de conservación. En este caso, si además se acometen simultáneamente actuaciones para la mejora de la calidad y sostenibilidad que resulten subvencionables por este Programa, la ayuda de conservación se incrementará en 1.000 euros, y en otros 1.000 euros más, si además se realizan obras de accesibilidad.

§  2.000 euros para las actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 20.2, o de 5.000 euros, como máximo, si, en cumplimiento de dichas condiciones, se redujera al menos en un 50% la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio.

§  4.000 euros para las actuaciones de mejora de la accesibilidad.

Las cuantías señaladas anteriormente podrán incrementarse en un 10% cuando se trate de edificios declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente.

o   La cuantía máxima de las subvenciones a conceder por edificio no podrá superar el 35% del coste subvencionable de la actuación. No obstante y de manera excepcional en el caso de actuaciones para la mejora de la accesibilidad y sólo, en la partida correspondiente a la accesibilidad, se podrá llegar al 50%.

o   En cualquiera de los casos anteriores, para poder computar la cuantía establecida por cada 100 m2 de superficie útil de local será necesario que los acuerdos a que se refiere el apartado 1.b) del artículo 21 establezcan que los locales participen en los costes de ejecución de las obras correspondientes.

GESTION SUBVENCIONES

La subvención solo se abonará cuando el beneficiario aporte:

a) El acuerdo de la comunidad o comunidades de propietarios, debidamente agrupadas en este último caso, cuando sea preciso de conformidad con su legislación aplicable, salvo en los casos de propietario único del edificio.

b) La licencia o autorizaciones municipales que sean precisas para la realización de la obra de rehabilitación correspondiente.

c) El certificado o certificados de inicio de la obra de rehabilitación.

El plazo para ejecutar la obra de rehabilitación no podrá exceder de 16 meses, contados desde la fecha que figure en el certificado de inicio de la obra de rehabilitación. Dicho plazo se podrá ampliar excepcionalmente hasta 18 meses cuando se trate de edificios o actuaciones que afecten a 40 o más viviendas.

El Ministerio de Fomento transferirá a la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta o Melilla el importe de las subvenciones de las ayudas a gestionar por estas últimas, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley General Presupuestaria.

Una vez que la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla reconozcan el derecho a la subvención y el beneficiario cumpla con todos los requisitos exigidos para la recepción de la misma, disponen de un plazo máximo de 30 días para hacer efectiva la ayuda al beneficiario de que se trate.

En este contexto es preciso revisar las políticas públicas de vivienda en general y en particular el régimen de la vivienda de protección oficial en todos sus aspectos para adaptarlo a las nuevas demandas y a los nuevos retos del futuro de forma que siga siendo un instrumento útil de política de vivienda al servicio de la función social que le es propia.

Esta es la razón por la que se aprueba el presente decreto en cuyo articulado se regulan los aspectos propios de la vivienda protegida, al margen de los planes de financiación pública, y partiendo de un concepto de vivienda de protección oficial diferente al vigente hasta la fecha, mucho más flexible y cercano a la vivienda libre, con menos limitaciones, prohibiciones y restricciones para su promoción, acceso y transmisión.

Estos argumentos justifican también que con la aprobación de este decreto se deroguen el Decreto 3/2006, de 13 de enero, por el que se regula el régimen de la vivienda de protección oficial en La Rioja, el Decreto 44/2008, de 27 de junio, por el que se actualiza el precio máximo de venta y renta en las segundas o posteriores transmisiones de las viviendas de promoción pública en la Comunidad Autónoma de La Rioja y el Decreto 22/1989, de 14 de abril, sobre adjudicación de viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública.

·         Una única tipología de vivienda de protección oficial: Este decreto contempla una única tipología de vivienda de protección oficial, sin distinción de regímenes, cuya regulación se equipara a la libre, excepto en las limitaciones expresamente contempladas en el mismo que se reducen a los aspectos sustanciales que definen la esencia de la vivienda protegida, esto es: precio máximo de venta y renta; requisitos especiales de acceso, reducidos a los ingresos máximos y a la inscripción formal en el Registro de demandantes de vivienda protegida de La Rioja; superficie máxima, que se amplía a 120 m2 útiles; duración del régimen de protección oficial, que se reduce a 20 años desde la fecha de la calificación definitiva, así como plazo para solicitar la descalificación voluntaria, que también se rebaja a 15 años desde dicha fecha. Se mantiene el control administrativo previo del cumplimiento de los requisitos mediante el preceptivo visado administrativo de los contratos correspondientes.

·         Obtención de Calificación: Las calificaciones de vivienda de protección oficial se pueden otorgar antes, durante y una vez finalizada la obra, e indistintamente para su destino a venta, alquiler, alquiler con opción de compra, así como a cualquier otra modalidad de uso admitido en derecho para las viviendas libres, pudiendo coexistir distintas modalidades de uso en la misma promoción.

·         Quién puede acceder: Las personas jurídicas también podrán acceder a la propiedad de las viviendas de protección oficial en los supuestos en los que dichas viviendas vayan a destinarse al arrendamiento, cesión de uso, o cualquier otro régimen de alojamiento para personas físicas admitido en derecho, también si se trata de entidades sin ánimo de lucro que gestionen programas de actuación social concertados con las Administraciones competentes, empresas o entidades públicas y en otros supuestos especiales autorizados por la Dirección General con competencias en materia de vivienda justificados por razones de interés social o incluidos en la programación pública de vivienda.

·         Obligatoriedad de Ocupación: Se mantiene la obligación de ocupación de la vivienda, así como el preceptivo destino a residencia habitual y permanente de su propietario o usuario si bien se permiten, además, otros usos compatibles con la misma.

·         Precio Vivienda: Se regulan los precios de las viviendas de protección oficial, distinguiendo dos únicos ámbitos territoriales: Logroño y provincia. Se mantienen los precios vigentes para la venta de las viviendas existentes y se aprueba un ajuste a la baja en los precios de venta de las viviendas nuevas que se promuevan al amparo de este decreto, así como de las rentas de alquiler de todas las viviendas protegidas, existentes y nuevas, excepto para las que se promovieron con destino a alquiler ya que durante el plazo de limitación de uso se regirán por lo previsto en su calificación correspondiente. Además, en los contratos de alquiler no podrá pactarse a cargo del inquilino el importe del Impuesto de bienes inmuebles o cualquier otro impuesto, tasa o gravamen sobre la propiedad de la vivienda. El precio de los locales de negocio, así como de los garajes y trasteros no vinculados a la vivienda protegida será libre. Además y también como novedad, los precios de venta y renta de las viviendas de protección oficial serán revisables por resolución de Consejero con competencias en materia de vivienda, lo que facilitará su adaptación a las cambiantes circunstancias económicas y sociales de forma más ágil.

·         Precio del Suelo: Por lo que se refiere a la limitación del precio del suelo para la promoción de vivienda de protección oficial, se mantiene la repercusión máxima de suelo y urbanización solo para los suelos procedentes del patrimonio municipal o sujetos a reserva legal de vivienda protegida, y se establece en el 15% para la promoción pública y el 20% para la promoción privada.

·         Vicios Constructivos: Se regula por primera vez la tramitación de las denuncias por vicios constructivos en viviendas de protección oficial, en su fase previa a la apertura, en su caso, del expediente sancionador, con la finalidad de facilitar la subsanación de los mismos.

·         Aplicación: El presente decreto se aplica a las viviendas de protección oficial calificadas con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor en todo su contenido, excepto en el plazo de vigencia del régimen protector y en la obligación de reintegrar a la Administración las ayudas autonómicas obtenidas en los términos fijados en la norma reguladora de su concesión, salvo en los supuestos en los que en aplicación de la normativa de protección a deudores hipotecarios se proceda a la dación en pago al acreedor o a cualquier sociedad de su grupo, a la transmisión mediante procedimiento de ejecución hipotecaria, venta extrajudicial, modificación de las condiciones de los préstamos convenidos o su conversión en libres.     

·         Flexibilidad: A fin de dotar al régimen de protección oficial de la necesaria flexibilidad, se establece de forma expresa que los planes de financiación y programas de vivienda podrán aprobar otras tipologías de vivienda de protección oficial y regular su propio régimen jurídico, con requisitos de acceso, duración legal del régimen, descalificación, precios máximos, limitaciones, prohibiciones y cualquier otra condición o exigencia especial diferente a las previstas en el presente decreto.

·         Composición del Decreto: El decreto consta de 5 Capítulos, 42 artículos, 5 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 2 disposiciones finales y 2 anexos.

Decreto 34/2013 del 11 Octubre(Integro)

Los pasos a dar para luchar contra la morosidad son los siguientes:

1. Las cuotas que se van a reclamar deben estar bien detalladas junto con todos los demás acuerdos de la Comunidad.

2. Las Actas deben contener la siguiente información: el lugar, fecha y hora de la reunión, los asistentes y sus coeficientes de participación, el Orden del Día, el nombre y la firma del Presidente y del Secretario.

3. Comprobar que las cuotas que se reclaman están bien calculadas. Si es necesario convocar un Junta para subsanar los errores.

4. Comprobar la titularidad de la propiedad.

5. Intentar requerir el pago amistosamente al propietario.

6. Convocar una Junta General y acordar la liquidación de la deuda y su reclamación judicial.

7. Requerir el pago fehacientemente en el domicilio del titular dando un plazo concreto para el pago.

8. Si no se consigue realizar la notificación, el Secretario de la Comunidad emitirá un certificado indicando esta circunstancia y el detalle de la deuda.

9. Colocar dicho Certificado con el visto bueno del Presidente en el tablón de anuncios o en lugar visible dando un plazo muy corto para el pago.

10. Presentar la demanda en el juzgado. (No es preceptivo pero contar con un abogado).

PUNTOS CLAVE de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (Ley 8/2013, de 26 de junio.)

OBJETIVO

1.- Potenciar la rehabilitación edificatoria, la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes.

2.- Ofrecer un marco normativo que permita la reconversión y reactivación del sector de la construcción, enfocándolo hacia la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas.

3.- Fomentar la Calidad, la sostenibilidad y la competitividad, adaptando la normativa al marco europeo, sobre todo en relación con la eficiencia y ahorro energéticos.

4.- Adaptar gradualmente el parque edificado a las condiciones mínimas de conservación, accesibilidad y eficiencia energética.

QUIEN TIENE QUE REALIZAR EL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS (IEE):

1.- Propietarios de los edificios residenciales de vivienda colectiva que tengan más de 50 años y siempre que no hayan pasado ya la Inspección Técnica de Edificios (en un plazo de 5 años desde que cumplan dicha antigüedad). (Si la han pasado se cumplimentará con los aspectos ausentes y en la fecha de renovación de la ITE se realizará el IEE).

2.- Edificios que pretendan acogerse a ayudas públicas con objetivo de acometer obras de conservación, accesibilidad o eficiencia energética.

3.- El resto de edificios cuando determine la normativa autonómica.

CARACTERISTICAS DEL IEE

Sustituirá a la Inspección Técnica de Edificios (ITE) integrándose ésta en el IEE.

1.- Exigible 5 años después de la entrada en vigor de la Ley ( 2018 )

2.- Lo encarga el Propietario del edificio, la Comunidad o agrupación de Comunidades de Propietarios, libremente a los Técnicos o Entidades de Inspección competentes.

3.-El incumplimiento supone una infracción urbanística con consecuencias equivalentes al incumplimiento del deber de dotarse del informe de ITE.

4.- El resultado del IEE es vinculante. En él se fijará un plazo para subsanar las deficiencias y la Administración velará por su cumplimiento.

5.-Tendrá una periodicidad de 10 años. Las Comunidades y Ayuntamientos podrán establecer una periodicidad menor.

CONTENIDO DEL IEE

1.- Evaluación del Estado de CONSERVACIÓN del edificio.

2.- Evaluación de las condiciones de ACCESIBILIDAD, indicando la posibilidad de realizar ajustes razonables para satisfacerlas.

3.-CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA del edificio.

 ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN EDIFICATORIA Y DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS.

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN EDIFICATORIA.

1.- Obras y trabajos de mantenimiento e intervención en edificios existentes, sus

instalaciones y espacios privativos. 

ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA.

1.- Las que afecten a la urbanización material del espacio público…(pavimentación, jardinería, instalaciones y servicios urbanos de agua, saneamiento, residuos, etc)

ACTUACIONES DE RENOVACIÓN URBANA.

1.- Las que incluyen la reurbanización del ámbito correspondiente y aquellas vinculadas a

2.- la ejecución de nueva construcción en sustitución de edificios previamente demolidos. 

QUIEN ESTA OBLIGADO A REALIZAR LAS ACTUACIONES.

1.- Los Propietarios y los titulares de los derechos de uso otorgado por ellos.

2.- Las Comunidades de Propietarios, agrupaciones de Comunidades de Propietarios, Cooperativas de viviendas.

3.- Las Administraciones Públicas. 

QUIEN PUEDE PROPONER ACTUACIONES.

1.- Las Administraciones Públicas.

2.- Las Comunidades de Propietarios, agrupaciones de Comunidades de Propietarios, Cooperativas de viviendas, propietarios de terrenos, construcciones, edificaciones y fincas urbanas, titulares de derechos reales o de aprovechamiento y Entidades que intervengan en nombre de éstos.

CARACTERÍSTICAS DE LA LEY. 

FLEXIBILIDAD NORMATIVA PARA FAVORECER Y HACER VIABLE LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN.

·         Limita la obligación de cesión de suelo y rescate de plusvalías por aumento de densidad y edificabilidad, en caso de sustitución necesaria de infravivienda por vivienda destinada al realojo.

FACILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD.

·         Se exigirán teniendo en cuenta los ajustes razonables que no supongan una carga desproporcionada o indebida a los propietarios.

·         Posibilidad de ocupar espacios libres o de dominio público y superficies comunes de uso privativo, indispensables para la implantación de sistemas que ayuden a garantizar la accesibilidad universal.

·         Acuerdos por mayoría simple en Comunidades de Propietarios cuando no es obligatoria su instalación.

FACILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Limita la obligación de cesión de suelo y rescate de plusvalías por aumento de densidad y edificabilidad, en los siguientes casos:

1.- Realización de obras que consigan reducir un 30% la demanda energética y consistan en aumento de aislamiento térmico o acristalamiento de terrazas techadas.

2.- Instalación de elementos bioclimáticos adosados a fachada/cubierta.

3.- Instalación de cualquier otro dispositivo que consiga reducir el consumo anual de energía primaria no renovable del edificio al menos un 30%.

4.-Realización de obras en zonas comunes que consigan reducir el consumo anual de agua en el conjunto del edificio al menos un 30%.

5.-Posibilidad de ocupar espacios libres o de dominio público, para la realización de obras de mejora de la envolvente térmica, cuando no haya otra opción técnica.

MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA

Las actuaciones de rehabilitación edificatoria, de regeneración y renovación urbanas incorporarán una Memoria de Viabilidad Económica que analizará modificaciones sobre el incremento de la edificabilidad o densidad, introducción de nuevos usos, posible utilización de suelo, vuelo y subsuelo. Enfocada a buscar un equilibrio entre la rentabilidad económica y la no superación de los límites establecidos.

La memoria Incorporará al menos los siguientes contenidos:

1.- Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos propuestos y de los existentes, con referencia a edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas que habría que modificar.

2.- Determinaciones económicas básicas, con estimación de la inversión e identificación de los sujetos responsables del costeamiento de las redes públicas.

3.- El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que puede generar ingresos suficientes para costear la mayor parte de la transformación, garantizando el menor impacto posible en el patrimonio de los particulares.

GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES.

APROBACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

• Puede ser de actuación conjunta (continua o discontinua) o aislada.

ACUERDO ADMINISTRATIVO.

• Para delimitar los ámbitos de actuación conjunta o se identifiquen las actuaciones que deben ejecutarse de manera aislada.

FORMAS DE EJECUCIÓN.

·         Expropiación.

·         Ejecución subsidiaria.

·         Convenios de Colaboración.

·         Concurso público.

SUJETOS LEGITIMADOS PARA LA EJECUCIÓN.

·         Las administraciones públicas y entidades públicas dependientes de ellas.

·         Las comunidades y agrupaciones de comunidades de propietarios.

·         Las cooperativas de viviendas y asociaciones administrativas constituidas al efecto.

·         Los propietarios de terrenos, construcciones, edificaciones y fincas urbanas.

·         Los titulares de los derechos reales o de aprovechamiento.

·         Empresas, entidades o sociedades que intervengan en dichas operaciones.